La implementación de la nueva legislación sobre infancia de la provincia de Buenos Aires, que prohíbe la internación en institutos de chicos y chicas con distintos problemas sociales (como maltrato o pobreza, entre otros) y plantea que sus causas dejen de estar en manos de jueces, es resistida por varios intendentes del conurbano y el jefe comunal de Merlo, Raúl Othacehé, llegó a pedir, incluso, la derogación de la ley, aprobada tras varios años de consultas con todos los sectores involucrados y que apunta a dejar atrás la cultura del Patronato.
La provincia debe girar fondos a los municipios para que éstos puedan asistir a los 4 mil chicos y chicas que hasta ahora están privados de libertad en institutos por cuestiones asistenciales y para que organicen los equipos técnicos (asistentes sociales, psicólogos, entre otros especialistas) y se encarguen de su capacitación. Pero los intendentes se reunieron la semana pasada con el gobernador Daniel Scioli y le plantearon que "los municipios no están capacitados para hacerse cargo de la tutela de los chicos" y pidieron que antes de avanzar con la instrumentación de la ley, se realicen "pruebas piloto".
La nueva ley divide a la provincia en 25 regiones y contempla la puesta en marcha de servicios locales en cada uno de los 134 municipios. Hasta ahora, hay 16 regiones y 114 servicios locales que ya adhirieron y el objetivo es completar el sistema a fin de año.
Capacitación. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y UNICEF firmaron un convenio de cooperación para capacitar a manzaneras, comadres y equipos municipales y provinciales en cuidado infantil, prevención y erradicación de la violencia familiar.
Capacitación II. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia juntamente con UNICEF, mañana a partir de las 14 se realizará la primera jornada del "Ciclo de Capacitación y actualización Normativa y Jurisprudencial sobre el nuevo Sistema de Justicia para niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires". La apertura estará a cargo de la ministra de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan y de la representante de Unicef Argentina, Gladys Acosta Vargas.
Río Negro. La ley de protección integral de los Derechos del Niño y el Adolescente fue reglamentada en Río Negro a través del decreto 221 firmado por el gobernador Miguel Saiz en abril, luego de casi dos años de su sanción en el parlamento provincial. La norma define que la expresión "ámbito familiar" incluye, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco por consanguinidad, por afinidad o con otros miembros de la familia ampliada. La reglamentación interpreta además que "el trabajo infantil es toda práctica o estrategia de supervivencia remuneradas o no realizadas por menores visibles u ocultas donde el sustento logrado o su beneficio puede servir para sí mismo, para contribuir al mantenimiento del grupo familiar o para terceros explotadores". El reglamento establece a su vez las pautas para la conformación del Consejo de la Niñez y el Adolescente, que ya tuvo su primera reunión el 9 de mayo pasado, en Sierra Grande.
(El Día – Buenos Aires, edición digital, 26/5/08; Clarín, pág. 48 - 24/5/08; Río Negro – Neuquén/Río Negro, edición digital, 25/5/08 – Horacio Lara)
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