Intimación judicial en favor de los "chicos de la calle" --“Un Plan Marshall para jóvenes en peligro”

SOCIEDAD › EL MINISTRO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOCIAL, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN MATERIA JUVENIL

"Un Plan Marshall para jóvenes en peligro"

En medio de la polémica sobre la edad de inimputabilidad, Daniel Arroyo pide no estigmatizar a los jóvenes "mirándolos como si fueran delincuentes" y advierte sobre las responsabilidades del Estado en torno de ese sector.(sigue...)

 Por Carlos Rodríguez

En una entrevista con PáginaI12, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, se refirió a la baja de la edad de imputabilidad a los jóvenes, cuyo debate promovió el gobernador Daniel Scioli, a partir del asesinato en San Isidro del ingeniero Ricardo Barrenechea. En ese sentido advirtió que "no se debe estigmatizar a los jóvenes y adolescentes mirándolos como si fueran delincuentes". Consideró que "los jóvenes bonaerenses que están en la esquina, tomando cerveza, están pasándola mal y están en peligro, aunque la sociedad los vea a ellos como peligrosos". Luego de reconocer que hay 450 mil jóvenes bonaerenses que no tienen posibilidad de estudiar ni de trabajar, el funcionario se mostró partidario de darle forma desde el Estado a un "Plan Marshall para rescatar a los jóvenes en peligro". Antes admitió que los jóvenes, en general, "no le creen nada ni a la política ni a los funcionarios".

–El anuncio del gobernador (Daniel) Scioli sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos provocó una polémica, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de medidas "urgentes", para la coyuntura, que siempre llevan a la "mano dura". ¿Cuál es la visión que se tiene sobre el tema desde el área social del gobierno bonaerense?

–Nosotros partimos de la base de que hoy, en la provincia de Buenos Aires, los adolescentes y los jóvenes están en peligro. Están en la esquina, tomando una cerveza, sin mucho que hacer, pero la pasan mal. Ellos están en peligro, pero la sociedad los ve como peligrosos. Hay que tener en cuenta que los chicos que hoy tienen entre 14 y 15 años, son los que tenían 6 y 7 años en el 2001. En plena edad de crecimiento vivieron todo el proceso de derrumbe de sus familias.

–Se refiere a los chicos que están sin trabajo, a los que no tienen la posibilidad de estudiar.

–Sí, a esos chicos que están en peligro, que la pasan mal, muchas veces por falta de políticas estatales. Esos chicos son los que buscan en el paco, en el embarazo adolescente o en la violencia el proyecto que no saben por dónde encontrar. Cuando la gente observa a esos chicos que están en la esquina, acelera el paso por las dudas y la próxima vez da vueltas por otro lado para evitar pasar cerca de ellos. Nosotros respetamos el dolor de las víctimas y no dejamos de reconocer que ha aumentado el delito en los jóvenes, pero el primer gran tema acá es que los chicos la están pasando mal en serio.

–Usted reconoce que el Estado tiene una responsabilidad primaria en el problema. ¿De qué manera se está trabajando, desde su cartera, para tratar de encontrar soluciones?

–Al encarar el problema nosotros hemos tenido en cuenta que estos chicos no les creen a la política nada, no les creen nada a los funcionarios, no creen en las organizaciones sociales en general y rescatan a la escuela como ámbito, pero no por lo que aprenden. Nosotros tenemos un panel de 250 chicos a los que vamos siguiendo todo el tiempo. Los chicos no tienen una buena opinión de la política ni de los que tenemos saco y corbata. Hasta se quejan de la escuela porque dicen que aprenden lo mismo en tercero, en cuarto o en quinto grado.

–Frente a esa situación de de-sencanto, ¿cuál es el programa que se está instrumentando para ese sector de la población juvenil?

–Es un programa que tiene una línea de comunicación que se llama "Enganchate". Es un Programa de Integración Comunitaria que consiste en darles becas a los chicos, además de proyectos de hasta diez mil pesos. Esos proyectos pueden ser culturales, deportivos o de emprendimientos productivos. Esto se proyecta a través de 1500 tutores de calle, que pueden ser el pibe de la esquina más creíble para los chicos, la maestra que tiene buena onda con los pibes, el técnico de la canchita del club de fútbol del barrio. Armamos la red, capacitamos a estos tutores de calle y ellos son los que arman los proyectos con los jóvenes.

–¿Qué relación tiene esto con los anuncios del gobernador sobre la baja de la edad de imputabilidad?

–El gobernador Scioli habló de un proyecto integral, no sólo de una discusión sobre el tratamiento que hay que dar a los casos de delitos graves cometidos por jóvenes. Lo integral es aplicar un "Plan Marshall" (N. de la R.: se refiere al plan ideado por Estados Unidos, en 1947, para reconstruir los países afectados por la Segunda Guerra Mundial) para los jóvenes. Así como se rescataron territorios o se promovió la obra pública, hay que hacer un plan para rescatar a los jóvenes, para que vuelvan a la escuela, para que tengan capacitación laboral. No hay que estigmatizarlos porque decir "joven, igual violencia" es estigmatizar.

–De todos modos, muchas veces, a través de la prensa o de los mismos organismos oficiales se transmite la idea de que esos chicos son los que "inevitablemente" caen en el delito.

–Tenemos casi una segunda generación de problemas hoy. El pibe que comenzó con el paco, que rápidamente se endeudó porque necesita uno, otro y otro, es el que cae en manos de los "vivos" que le dicen: "Quedate tranquilo, te cancelo la deuda a cambio de que seas vendedor de paco". Esto no se resuelve estigmatizándolos diciendo "todos estos pibes son delincuentes". Esto se resuelve creando políticas activas. Por eso encaramos un programa para llegar a 130 mil jóvenes, con la convicción de que hay que hacer una política masiva.

–¿Usted piensa que esto se tiene que hacer en todo el país?

–Nosotros estamos pensando en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40 por ciento del país. Como parte de su responsabilidad, los empresarios deberían comprometerse a tomar jóvenes cuando buscan empleados. Las organizaciones sociales deberían trabajar en red a través del mecanismo de los tutores de calle. El Estado tiene que tener un fondo muy claro y masivo para los jóvenes. Hay que darle prioridad a los jóvenes. Nosotros hacemos el estudio a través de 250 chicos divididos en cuatro grupos: los que no estudian ni trabajan, los que trabajan, los que trabajan y estudian, y los que sólo son estudiantes. Los que ni trabajan ni estudian están en la peor situación, al que sólo estudia lo bancan los padres.

–¿Hay diferencias en la forma de pensar de esos chicos, según el grupo al que pertenezcan?

–El esquema de pensamiento es muy parecido en todos los sectores. Todos tienen conciencia de que la están pasando muy mal y no creen en la política. Hay que hablar con ellos en su mismo lenguaje.

–¿Cuántos son los chicos, en la provincia de Buenos Aires, que no tienen posibilidad de estudiar ni de trabajar?

–Hoy el número ronda los 450 mil. Eso incluye a los que efectivamente no trabajan ni estudian, y también a los que entran y salen del mercado laboral, o los que entran o salen del sistema educativo con mucha facilidad. Son jóvenes de entre 14 y 25 años.

–¿Cómo se relaciona este programa de inclusión social con la amenaza de la baja de la edad de imputabilidad?

–Nosotros creemos que la discusión sobre la edad de imputabilidad, más que una discusión sobre la edad tiene que ser sobre tipología de delito. Hay delitos graves sobre los que hay que avanzar en la discusión. En la provincia tenemos el Sistema Penal Juvenil, que ha empezado hace cuatro meses y que es un avance porque les permite tener un juicio y el derecho de defensa. Hay que perfeccionarlo, tenemos muchas dificultades, pero nadie puede decir que la situación explotó porque avanzó el Fuero Penal Juvenil. La situación es crítica desde hace mucho. El primer paso es no estigmatizar y el segundo trabajar con los chicos en conflicto con la ley.

–Los sectores más reaccionarios siempre dicen que los chicos "entran por una puerta y salen por la otra", pero son muchos los jóvenes menores de 18 años que están presos en la provincia de Buenos Aires.

–Nosotros tenemos 522 chicos, entre 16 y 18 años, privados de libertad por haber cometido delitos graves. En la edad de 14 a 16, son 65 los chicos que han cometido delitos graves y están en institutos cerrados. Algo más de 1500 son los chicos que están con medidas alternativas que no significan la privación de libertad. Si hay casos graves hay que juzgarlos y penalizarlos, si corresponde, pero lo más importante es la prevención y evitar las situaciones críticas. Lo peor que podemos hacer es estigmatizar a los chicos y ponerlos contra las cuerdas.

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Intimación judicial en favor de los "chicos de la calle" 

La Justicia platense hizo lugar a una demanda presentada por la Asesora de Menores

Un juez del fuero penal platense le ordenó, con plazo de 48 horas, a la Municipalidad de la Plata y al Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense que se haga cargo de los "chicos de la calle", al hacer lugar a una demanda presentada por una asesora de Menores por las "omisiones e incumplimientos" de políticas tendientes a brindar contención a estos niños, en una presentación realizada la semana pasada, en la que se citó como caso paradigmático el de los menores que protagonizaron una ola delictiva en Plaza San Martín.

En tal sentido, voceros judiciales indicaron que en la resolución se ordenó al Ejecutivo municipal y al provincial que en el plazo señalado se concrete un relevamiento de niños y jóvenes "en situación de calle".

También se intimó a que "individualicen a los menores, sus padres y/o representantes legales, a fin de que tomen medidas para reintegrar a los niños a sus hogares".

En la resolución dictada por el juez Juan Carlos Bruni -integrante del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata y a cargo provisoriamente del juzgado de Menores de la doctora Blanca Lazca, por licencia de ésta- se ordenó el otorgamiento de subsidios temporarios a las familias para que puedan albergar a sus hijos en sus hogares.

Para los casos de chicos que no cuentan con contención familiar, el juez dispuso que el Estado debe alojarlos en forma transitoria en lugares adecuados, donde reciban asistencia médica, alimentación y educación, todo en óptimas condiciones sanitarias.

También resolvió que los Ejecutivos deben otorgar becas y programas de formación profesional, como así también que para todos los casos relevados se brinden tratamientos terapéuticos, clínicos, nutricionales y psicológicos.

SEGUIMIENTOS

Por último el juez dispuso que un cuerpo de auxiliares del poder judicial del fuero penal local siga de cerca el cumplimiento de esta resolución, haciendo seguimientos de cada caso y determinando si los organismos específicos del ejecutivo, tanto comunal como provincial, están cumpliendo con lo ordenado.

De esta forma el juez Bruni hizo lugar a la presentación realizada por la asesora de Menores Margarita Gutiérrez, quien a través de una demanda contra la comuna local y la Provincia le pidió a los responsables de las áreas específicas que tomen los recaudos necesarios para salvaguardar la violación de "derechos colectivos de intereses difusos", introducidos en cuanto a la forma de recurrir a la Justicia, luego de una reciente modificación, al Código Procesal Civil bonaerense, con la introducción del inciso W, al artículo 827, explicaron los voceros consultados.

También se indicó que "la presentación judicial no se concretó sólo por los menores de Plaza San Martín, sino por todos los niños y niñas que a diario, a toda hora, vemos mendigando, vendiendo productos o lavando cristales de autos en las esquinas platenses".

"Los gobernantes deben tomar medidas para cumplir con sus mandas, para que, entre otras cosas, cesen de inmediato, tanto en el ámbito comunal como provincial, el retardo en la aplicación e incumplimiento de programas adecuados y asistencia a esta problemática, para que de una vez por todas los niños vean satisfechos sus derechos a tener una vida digna, a estar con sus padres, a recibir educación, a una alimentación adecuada y a la vivienda", se precisó en la demanda.

"MUERTE ANUNCIADA"

La doctora Gutiérrez, esta semana, luego de conocida la muerte de un menor de la calle, a manos de otro chico que integraría el grupo que venía cometiendo delitos en la zona de Plaza San Martín, destac;o que "si el Estado se hubiera ocupado a tiempo de resolver los planteos que venimos haciendo en protección de los menores de la calle, esta muerte, absurda y anunciada, seguramente se hubiera evitado".

Además destacó que "tampoco hay que olvidarse que el niño que murió era también un menor de la calle, en estado de desprotecciòn, que vendía flores para ayudar a su familia. Y ahora me pregunto qué va a pasar con los hermanos de este chico: ¿seguirán desprotegidos o los poderes del Estado se harán cargo, de una vez por todas, de esta situación desesperante?".

MARCHA

Es la que harán el próximo 31 de octubre los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Bajo el lema "Ningún pibe nace chorro. Ellos son víctimas. Pedimos que el Estado no los abandone", se reunirán en la Plaza Moreno, a partir de las 17.00.