La nueva gestión de gobierno municipal, abrió su primer frente: clausuró cabarets, whiskerías y todos los locales o casas que permitían el flagelo de la explotación sexual. Las medidas fueron tomadas por la decisión política de la intendenta de la ciudad, Blanca Osuna, quien impulsó la lucha contra la trata. Las acciones comenzaron con controles comerciales y se reforzaron a partir de la reforma de una ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
La política del Estado local comenzó a ejecutarse a mediados de febrero cuando las direcciones de Habilitaciones Comerciales, la de Inspecciones Comerciales y el área de la Mujer cerraron tres prostíbulos: Pensión 14, Barrabás y La Reina de la Noche. En marzo, el gobierno clausuró La Escalera, Que Quen y El Zorzal, y en la primera semana de mayo concretó el cierre de los últimos locales que estaban identificado con la trata de personas: El Ángel Vip y Roberts.
En los procedimientos, el personal del municipio efectuó las inspecciones de habilitaciones y registros en los libros habilitados, efectivizando el cierre y clausura mediante actas de comprobación y colocación de fajas de seguridad en todos sus ingresos, de acuerdo a la ordenanza reformada 8.955/12 “por constatarse explotación de una actividad prohibida por la ordenanza, específicamente cabaret, whiskería o local de cualquier denominación donde se realiza explotación sexual con o sin consentimiento”.
Pero no sólo se cerraron los comercios sino que, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la normativa, se aplicaron multas, se estableció la caducidad automática de los locales y se inhabilitó de por vida a los titulares para la tramitación de cualquier licencia comercial. También, se alquiló la casa donde funcionaba el ícono de la prostitución en la ciudad. La misma se refaccionó para que funcione el área de la Mujer, dando una señal en la lucha contra la trata de personas y la violencia de género.
La intendenta defendió la decisión de clausurar esos albergues, ya que consideró que “no se puede decir que es mejor que se mantengan los prostíbulos alegando que quienes ejercen la prostitución en esos espacios tendrían más cobijo que en la calle, porque eso es falso”, ya que tanto desde el municipio como de las organizaciones que trabajan el género que tienen que ver con la protección de las mujeres, “hay una postura contraria al riesgo y a la indignidad que supone ejercer la prostitución”. Esta situación, argumentó, quedó demostrada en la intervención que se realizó en la ex Pensión 14, donde se constataron las condiciones infrahumanas del lugar.
“Personalmente no supongo que eso (la prostitución) sea un trabajo, sino que tiene que ver con una práctica cultural que está vinculada a la miseria, a la pobreza y a la necesidad, como bien lo dicen muchas mujeres que la ejercen”, aseguró y señaló que el gobierno generará las herramientas para “erradicar la cultura hipócrita y pícara que lo naturalizó y que plantea que no es malo para nadie”.
Las reacciones
En el proceso se advirtieron diferentes reacciones de diversos sectores: los conservadores, quienes negaron que en esos espacios se inducía a la trata de personas; y los que pugnan por los derechos humanos que celebraron las medidas.
El juez de Faltas del municipio, Reynaldo Barbagelata, negó que el local denominado pensión 14 fuera un prostíbulo, enunciado repudiado por la directora del área de la Mujer de la municipalidad, Cristina Melgarejo, quien aseguró que las declaraciones rozaban la hipocresía.
Silvia Montaño, de la Red Alerta, destacó que “es importante cuando una política pública se lleva adelante y cuando certeramente es una decisión política”. Al respecto, recordó que se generó mucha discusión entre las organizaciones ciudadanas, ya que la reforma de la ordenanza fue muy complicada sacarla: “Entre Ríos estaba dando definiciones muy evidentes en el tema, por lo tanto resaltamos que el municipio, que es capital de provincia, tomó no sólo la iniciativa de rever la ordenanza para mejorar el funcionamiento, si no implementarla, ya que es una política pública clara, un mensaje directo hacia la ciudadanía ya que lleva a la protección de derechos hacia la mujer y los niños”.
En tanto, la integrante de la comisión de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, Silvina Calveira, explicó que desde la entidad sindical observan “con satisfacción” la decisión de la intendenta, ya que recordó que desde la Central denunciaban “desde hace tiempo y públicamente que la ordenanza no se llevaba a cabo y ahora hay un avance concreto en esto, ya que hay voluntad para cerrar los lugares que son espacios de explotación hacia las mujeres y que hacen a la violación de los Derechos Humanos”.
Política integral
Desde el municipio asisten a las mujeres involucradas y desde la Oficina de Empleo se trabaja para su inclusión en talleres de capacitación que duran entre dos y nueve meses. Además, se les posibilita líneas de financiamiento de hasta 15 mil pesos para el desarrollo de emprendimientos, en articulación con el ministerio de Trabajo de la Nación.
La propuesta consiste en “ofrecer talleres de capacitaciones que están disponibles para ella, de manera tal que se les pueda brindar conocimientos en un oficio”. Así lo detalló la secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación de la municipalidad, Florencia Amore. La funcionaria aclaró además que: “se las acompañará en su inserción laboral, ya sea en el campo privado, como en la elaboración de proyectos para el desarrollo de emprendimientos”.
URL: http://www.aimdigital.com.ar/aim/?p=92571
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
IMPORTANTE: Este es un espacio de participación de usuarios.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los usuarios y no reflejan la opinión de FMCiudad1059. Para garantizar el funcionamiento apropiado de los foros, que impida la usurpación de la identidad de los usuarios, le pedimos que complete estos datos.
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusion de comentarios no apropiados o insultos. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento