Nuevas investigaciones demuestran que una ley de Florida que exige a los solicitantes de beneficios sociales hacerse un análisis de detección de drogas no tuvo efecto en la cantidad de solicitudes de beneficios y, de hecho, le costó al gobierno decenas de miles de dólares. Durante un período de cuatro meses desde que la ley entró en vigencia, sólo el 2,6% de los solicitantes de Florida salieron positivos en el análisis. La razón más
común fue el consumo de marihuana. Los proponentes de la ley habían argumentado que ésta contribuiría a que el estado ahorrara dinero. Pero datos obtenidos por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demuestran que el estado pagó más de 118.000 dólares por los análisis, suma que según el grupo es casi 46.000 dólares más de lo que se hubiera gastado si se hubieran concedido beneficios sociales a quienes no pasaron la prueba. Otro documento demuestra que el requisito de análisis de detección de drogas no había tenido impacto en la cantidad de personas que se acogieron a los beneficios de la seguridad social. El año pasado, la ACLU demandó al estado de Florida por dichos análisis, y en octubre un juez suspendió temporariamente la ley, afirmando que probablemente fuera declarada inconstitucional. A principios de esta semana, Georgia promulgó una ley similar que impone la realización de pruebas de detección de drogas para poder solicitar beneficios sociales.
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