Mexico. El Senado aprobó la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que se establecen medidas de protección como evacuación; reubicación temporal; escoltas de cuerpos especializados; protección de inmuebles y las que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección estarán sujetas a evaluación periódica por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgo.
Con 95 votos a favor, los legisladores aprobaron la ley, cuyo objetivo es establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo .
“Esta ley crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, señala el texto.
Durante la discusión del dictamen, el senador panista Rubén Camarillo dijo que “con esta pieza legislativa, estamos dando un ejemplo de cómo traducir el discurso político que alienta una mayor participación ciudadana en acciones concretas, encaminadas a la construcción de bases para que el Senado de la República sea un ejemplo en el establecimiento de vías transparentes, de consulta, diálogo y trabajo colaborativo con la sociedad civil”.
Indicó que se crea un mecanismo nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que gocen de un sustento legal, estipule la responsabilidad en el ámbito federal, defina estructuras de los programas de protección y establezca la cooperación con las entidades federativas, incorpore la experiencia y las buenas prácticas, así como las recomendaciones, a nivel internacional, efectuadas en materia de derechos humanos.
El senador Julián Güitrón Fuentevilla, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión en México.
“Es deber del Estado mexicano prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En materia de derechos humanos, dijo, el Estado mexicano está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas y a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.
Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 64 periodistas fueron asesinados, del año 2000 a julio del 2010; y 11 han sido desaparecidos, del 2006, al 2010. De estos casos, 29 asesinatos y 5 desapariciones han ocurrido tan sólo en 2008.
Refirió que los ataques contra reporteros y otros trabajadores de la prensa, han aumentado, y en su mayoría son perpetrados por grupos de narcotráfico y otras formas del crimen organizado, las cuales han asesinado a periodistas en Brasil, en Honduras, en Colombia y, por supuesto, en México
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