En el Ejecutivo Nacional se discute proponer el 60% en lugar del 82% pero luego se abandona la idea porque electoralmente sería un caos para el Frente para la Victoria, aunque le ayudaría a resolver el problema de las jubilaciones, que dicen los funcionarios que no tiene remedio. Tras anunciar el uso de fondos previsionales para un plan de crédito barato destinado a construir viviendas, el Gobierno confirmósu decisiónTal como publicó Urgente24 el jueves 14/06, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que el pedido de ampliación de información a la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) acerca de su situación presupuestaria no está determinado por "una cuestión política" sino que surgió en el marco de la causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación ante el aumento de "la litigiosidad en materia previsional" y la "necesidad de contar con información relevante” para analizar las decisiones que se deban adoptar.
Ricardo Lorenzetti aclaró que "a nosotros nos interesa el tema de los jubilados porque tenemos una causa judicial. Queremos trabajar en medidas concretas para que los jubilados no tengan que hacer juicios (de actualización de haberes) en una edad en la que es difícil hacer juicios, un momento difícil de la vida", argumentó y, al mismo tiempo, consideró necesario que "todos los poderes del Estado tengamos una visión enfocada en mejorar y facilitar la vida de los ciudadanos y no complicársela
En tanto, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, argumentó que ese aumento implicaría un "riesgo institucional" y desfinanciaría el sistema.
Entonces, en medio del revuelo por el anuncio del plan de créditos para vivienda, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner considera que "si universalizara" el fallo Badaro, la Anses "perdería $ 50.000 millones por año" y "desaparecería" en pocos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo. Fuentes del gabinete y de la Anses ratificaron ayer que ello "sería un riesgo de quiebra".
"El sistema previsional toleraría pagar, quizás, el 60% móvil a todos los jubilados. Y eso sería aceptado por la Cámara Nacional de Previsión Social, pero ¿quién se anima a pasar a la historia como quien eliminó el 82% móvil?", se preguntan los funcionarios.
Lorenzetti recordó que “ ya se hizo un pedido el año pasado, luego se volvió a insistir y ahora ... la ampliación” de ese informe solicitado a la ANSeS, y aclaró que “a nosotros nos interesa el tema de los jubilados porque tenemos una causa judicial”.
“Es decir, esto no es una cuestión política ”, aseguró en declaraciones a radio La Red, y sostuvo que “no hacemos un análisis político sino que estamos trabajando para disminuir la litigiosidad y para que mejore la situación”.
Según confiesan las fuentes oficiales, los camaristas conversaron este asunto en forma reiterada con funcionarios, incluso con Bossio. Se lo barajó como una solución para terminar con parte de los 460.000 juicios previsionales por mala regulación de haberes que están impagos. La Presidenta conoce esas charlas, pero no tiene la decisión política para instrumentar ese sinceramiento.
El resultado es que el Gobierno paga jubilaciones muy por debajo de ese nivel.
A principios de 2011, la Corte pidió a la Anses que discriminara la cantidad de causas abiertas porque la Defensoría del Pueblo reclamó un fallo que universalizara el pago jubilatorio conforme los fallos Badaro y Eliff. En aquella oportunidad, Bossio contestó en un escrito de 600 páginas y se presentó ante el tribunal, donde explicó la imposibilidad de cumplir esos pagos.
Al insistir en la necesidad de atender las necesidades de los mayores, Lorenzetti dijo ayer que la Corte quiere "trabajar en medidas concretas para que los jubilados no tengan que hacer juicios en una edad en la que es difícil hacer juicios, un momento difícil de la vida".
"La apuesta es que el sistema siga mejorando todos los años y no que quiebre el sistema y no se puedan pagar las jubilaciones", dijo Bossio , cuando explicó lo que sería un "riesgo institucional".
El FGS (el fondo de garantía de sustentabilidad) tiene casi $ 200.000 millones. La polémica se originó porque con él se solventan la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el plan Inversiones Para Proyectos Productivos (créditos a empresas), a lo que se agregará el plan de créditos Procrear, anunciado el martes por la Presidenta en la Casa Rosada.
"Lo que le decimos a la Corte es que no se puede poner en riesgo un sistema previsional que viene creciendo año a año. La jubilación mínima creció 11 veces, se dieron aumentos que llegaron al 37% e incluimos 2 millones y medio más de personas al sistema", dijo Bossio al programa de Canal 7, 6,7,8 . (Urgente24)
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