La decisión fue adoptada en el marco de una denuncia presentada en medio de las revelaciones por el caso de la quiebra de la ex imprenta Ciccone, que quedó en manos de empresarios que tendrían vínculos con sectores del kirchnerismo.
La denuncia fue efectuada por el periodista Cristian Sanz y recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo., y allí el denunciante sostiene que, “el escándalo que salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado no deja de deparar sorpresas día tras día”.
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